El derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución, implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial.[1]

Se debe insistir en que, en ningún caso, se puede prescindir de la ineludible y preceptiva necesidad de desplegar una prueba de cargo, razonablemente suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado.

Dicha presunción, que no solo constituye un derecho fundamental declarado en nuestra Constitución, sino que además, es el eje alrededor del cual giran las demás garantías procesales y en definitiva el funcionamiento de todo el procedimiento penal.[2]

Señala la sentencia del Tribunal Constitucional 137/88 de 7 de julio y se ha reiterado en numerosas resoluciones, que la presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el juzgador la prueba de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, así como sustentarse la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad, exceptuándose los supuestos de prueba preconstituida y anticipada, siempre que se observe el de un cumplimiento de determinados requisitos materiales (imposibilidad de reproducción en el juicio oral), subjetivos (intervención del juez de instrucción), objetivos (contradicción con la intervención de letrado) y formales (introducción en el juicio través de la lectura de los documentos)”.

Así mismo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en orden al control de l sentencia dictada en primera instancia, por vía de recurso casacional, en relación al examen que puede efectuar en el marco de una denuncia, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, cuando la condena se funde, exclusivamente en la declaración de la víctima, es decir en prueba directa de naturaleza personal percibida directamente por el Tribunal sentenciador en el Plenario, en virtud de la inmediación de que dispuso, puede fijarse en dos etapas, que son las siguientes:

Una primera, formada por las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1991, 13 de abril de 2002, así como la sentencia de 9 de noviembre de 1993, en la que la vulneración del derecho a la presunción de inocencia se limitaba a comprobación de la existencia de un verdadero vacío probatorio, debiendo decaer o quebrar, cuando existan pruebas, bien directas o de cargo, bien simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad inculpatoria, siendo también de destacar, en este orden de cosas, que tales pruebas corresponde ser valoradas de modo exclusivo y excluyente por el Tribunal ad quo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y una segunda etapa, en la que reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional han declarado la naturaleza efectiva del recurso de casación penal en el doble aspecto del reexamen de la culpabilidad y pena impuesta por el Tribunal de instancia al condenado.

Ello es debido, a la flexibilización y amplitud con que se está interpretando el recurso de casación, desposeído de toda rigidez formalista y por la ampliación de su ámbito, a través del cauce de la vulneración de derechos constitucionales, singularmente por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que exige un reexamen de la prueba de cargo tenida en cuenta por el Tribunal sentenciador, desde el triple aspecto de verificar la existencia de prueba válida, prueba suficiente y prueba debidamente razonada y motivada, todo ello en garantía de la efectividad de la interdicción de toda decisión arbitraria, prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución, y de la que la jurisdicción penal debe ser especialmente garante, lo que exige verificar la razonabilidad de la argumentación del Tribunal sentenciador a fin de que las conclusiones sean acordes a las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos.

En consecuencia, y esto es lo importante, el principio de inmediación penal ha cambiado con la nueva jurisprudencia,  como se concluye en la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero y de 31 de octubre de 2007, el principio de inmediación ya no puede ser esgrimido, ni para excusarse el Tribunal que oye y ve al testigo, para justificar y explicitar las razones por las que le concede credibilidad y suficiencia, para sostener la sentencia condenatoria, ni la inmediación puede servir de argumento para excluir del ámbito de la casación penal el examen que la Sala casacional debe efectuar para verificar la suficiencia y razonabilidad de la condena, lo que en la singular relevancia en relación a los delitos contra la libertad sexual en los que, de ordinario, la única prueba disponible es la de la propia víctima, dado el escenario de intimidad en el que se cometen.

De esta Jurisprudencia más reciente, se pueden citar las sentencia del Tribunal Supremo 2047/2002 de 10 de septiembre, que pone el acento en la elaboración racional o argumentativa del Tribunal que gozó de la inmediación, que puede y debe ser revisado por el Tribunal Superior, que conoce de la causa vía recurso para verificar la estructura racional del discurso valorativo.

En el mismo sentido se pronuncia la también sentencia del Tribunal Supremo 408/2004 de 24 de marzo en la que reconociendo la competencia del Juez sentenciador para valorar la prueba, en relación a aquella prueba afectada por el principio de inmediación se dice

….y ello no tanto porque se considere la inmediación como una zona donde debe imperar la soberanía del Tribunal sentenciador y en la que nada pueda decir el Tribunal ante el que se ve el recurso, sino, más propiamente como verificación de que nada se encuentra en este control casacional que afecte negativamente a la credibilidad del testimonio de la persona cuyo relato sirve para fundamentar la condena dictada en la instancia….

Asimismo, se debe mencionar la sentencia del Tribunal Supremo  732/2006 de 3 de julio, donde se expone lo siguiente,

….no se trata por tanto de establecer el axioma que lo que el Tribunal creyó debe ser siempre creído, ni tampoco prescindir radicalmente de las ventajas de la inmediación, sino de comprobar si el razonamiento expresado por el Tribunal respecto de las razones de su decisión sobre la credibilidad de los testigos o acusados que prestaron declaración a su presencia….se mantiene en parámetros objetivamente aceptables….”, la STS 306/2001 de 2 de marzo ya ponía el acento en la exigencia de que el Tribunal sentenciador justificase en concreto las razones por las que concedía credibilidad a la declaración de la víctima, no bastando la sola referencia a que debía ser creído por no existir nada en contra de dicha credibilidad.

Por lo tanto es preciso situar el valor de la inmediación judicial en sus justos límites, y en tal sentido se puede afirmar:

a) La inmediación es una técnica de formación de la prueba, que se escenifica ante el Juez, pero no es ni debe ser considerada como un método para el convencimiento del Juez.

b) La inmediación no es ni debe ser una coartada, para eximir al Tribunal sentenciador del deber de motivar, en tal sentido, hoy puede estimarse totalmente superada aquella jurisprudencia, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1993, es fiel exponente de la doctrina erradicada y  que estimaba que

…la convicción que a través de la inmediación, forma el Tribunal de la prueba directa practicada a su presencia depende de una serie de circunstancias de percepción, experiencia y hasta intuición que no son expresables a través de la motivación.

c) La prueba valorada por el Tribunal sentenciador en el ámbito de la inmediación y en base a ella se hubiese dictado la sentencia condenatoria, puede y debe ser analizada en el ámbito del control casacional, como consecuencia de la condición de esta Sala Casacional como garante de la efectividad de toda decisión arbitraria.[3]

Esta doctrina, ya consolidada, resulta de plena aplicación para el recurso de apelación, que otorga plenas facultades al Juez o Tribunal Superior ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iuditium.[4]

Al respecto la sentencia del Tribunal Supremo 146/2003, de 14 de julio, resuelve unas cuestiones que se plantearon en el proceso, como fue las declaraciones testificales de referencia e informe del Médico forense, si bien admite su plena validez probatoria, se destacó en que se trataba de un medio que puede despertar importantes recelos o reservas para su aceptación, sin más, como medio apto para desvirtuar la presunción de inocencia. Pues el hecho de que las pruebas y declaraciones se hubiesen practicado, en virtud del principio de inmediación, ante el Juzgado de primera instancia, no impide su impugnación ante el órgano jurisdiccional superior o ad quem.

Por ello, en la mencionada sentencia se dijo lo siguiente:

De un lado, incorporar al proceso declaraciones testificales a través de testimonios de referencia, implica la elusión de la garantía constitucional de inmediación de la prueba, al impedir que el Juez que ha de dictar sentencia presencie la declaración del testigo directo, privándole de la percepción y captación directa de elementos que pueden ser relevantes en orden a la valoración de su credibilidad. [5]

Por otra parte, también supondría soslayar el derecho que asiste al acusado de interrogar al testigo directo y someter a contradicción su testimonio, que integra el derecho al proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE (específicamente reconocido en la sentencia del Tribunal Constitucional 131/1997, de 15 de julio, F. 4; en sentido similar, SSTC 7/1999, de 8 de febrero, F. 2, y 97/1999, de 31 de mayo, F. 6) y que se encuentra reconocido expresamente en el párrafo 3 del art. 6 del Convenio europeo de derechos humanos, como una garantía específica del derecho al proceso equitativo del art. 6.1 del mismo ( STEDH de 19 de diciembre de 1990, caso Delta, §§ 36 y 37)».

Por lo tanto, como se afirma en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 10 de junio de 2009 (Recurso 119/2009,

 

Si bien el recurso de apelación faculta al Tribunal ad quem para una revisión integral de la sentencia recurrida, tanto en su dimensión fáctica como jurídica, cuando la convicción judicial se ha formado con base en pruebas de naturaleza personal practicadas a su presencia, en el acto del plenario – inmediación de la que carece el Tribunal -, y con sujeción a los principios de publicidad, oralidad y contradicción, determina que en estos casos, y por regla general, deba respetarse en sede de apelación, la valoración probatoria del Juez ad quo, formada además con base en lo alegado por la acusación y la defensa y lo manifestado por el mismo acusado (art. 741 L.E.Crim.), con la única excepción, en principio, de que la convicción así formada carezca de todo apoyo en el conjunto probatorio practicado en el acto del juicio oral, bien por ser las pruebas valoradas de naturaleza ilícita, bien por ser las mismas contrarias a los conocimientos científicos, las reglas de la lógica y la razón o las reglas de la experiencia humana común, o tales circunstancias deban predicarse del proceso valorativo del juzgador de instancia.

 

No obstante, debe tenerse siempre presente, una vez más que, por punto general, las únicas pruebas aptas. para desvirtuar el derecho constitucional a la presunción de inocencia y formar la convicción judicial, son las practicadas ante el órgano jurisdiccional, en el acto del plenario, con sujeción a los principios de publicidad, oralidad y contradicción (arts. 24 ap. 2 C.E., 229 aps. 1 y 2 L. O.P.J. y 741 L.E.Crim.), conforme tiene reconocido pacíficamente la jurisprudencia constitucional, en sentencias del Tribunal Constitucional  79/1994, 123/1997 y 155/2002, entre otras.

De otra parte, la valoración efectuada por la Juez ad quo, con el inestimable auxilio de la inmediación, de la que carece el Tribunal ad quem, cuando no contradice los principios científicos, ni las reglas de la lógica, la razón y la experiencia humana común, debe respetarse siempre, lo que no impide, en aplicación de lo que se dispone en la sentencia del Tribunal Constitucional 167/2002, es la impugnación de esa valoración llevada a cabo por el órgano jurisdiccional ad quo, que no puede impedirse por el simple hecho de que las pruebas se practicaron en su presencia y en virtud del principio de inmediación, como ocurría anteriormente.

 

En consecuencia, de conformidad con esta doctrina, seguimos lo que dispone la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 6 de mayo de 2013 (Recurso 105/2013), que sobre este aspecto, dijo lo siguiente:

Cuando en la apelación se planteen cuestiones de hecho suscitadas por la valoración o ponderación de pruebas personales de las que dependa la condena o absolución del acusado, resultará necesaria la celebración de vista pública en segunda instancia para que el órgano judicial de apelación pueda resolver tomando conocimiento directo e inmediato de dichas pruebas. Por tanto, el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción exige que el Tribunal de apelación oiga personalmente a los testigos, peritos y acusados que hayan prestado testimonio y declaración en el acto del juicio, dado el carácter personal de estos medios de prueba, a fin de llevar a cabo su propia valoración y ponderación, antes de corregir la efectuada por el órgano de instancia.[6]

Por último, se debe extender esa misma exigencia a los casos en los que el debate procesal en apelación gire sobre la revisión de la declarada prescripción del delito y la apreciación de esa causa extintiva de la responsabilidad penal dependa completa o parcialmente de la valoración de pruebas personales.

 

[1] Sentencia del Tribunal Supremo 251/2004

[2] Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2003.

[3] La arbitrariedad de los poderes públicos y también de los órganos jurisdiccionales aparece terminantemente prohibida en el artículo 9.3 de la Constitución.

[4] Sentencias del Tribunal Constitucional 124/83, 54/85, 145/87, 194/90 y 21/93, 120/1994, 272/1994 y 157/1995.

[5] Sentencia del Tribunal Constitucional 97/1999, de 31 de mayo, F. 6; en sentido similar, la sentencia  del mismo Tribunal 217/1989, de 21 de diciembre; 79/1994, de 14 de marzo, F. 4; 35/1995, de 6 de febrero, F. 3, y 7/1999, de 8 de febrero.

[6] En el mismo sentido, sentencias también del Tribunal Constitucional 21/2009, de 26 de enero, FJ 2; 108/2009, de 11 de mayo, FJ 3; 118/2009, de 18 de mayo, FJ 3; 214/2009, de 30 de noviembre, FJ 2, y 30/2010, de 17 de mayo, FJ 2).