Todavía sigue vigente el artículo 119 de la Constitución, que dispone lo siguiente:

 

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

 

La gratuidad de la justicia, en general, ha sido un derecho de los ciudadanos, respetado desde la promulgación de la Constitución. Los distintos partidos políticos que han alcanzado el poder de gobierno, nunca lo han cuestionado, hasta la llegada del anterior Ministro de Justicia, cuyo nombre es mejor olvidar, que se empecinó en su reforma para perjudicar no sólo al derecho de los ciudadanos que veían facilitado el acceso a la justicia, sino para conseguir una disminución notable de conflictividad judicial, no por efectos de la loable mediación o arbitraje en algunos casos, sino por la imposición obligatoria del pago de una figura tributaria, nada menos que una tasa, por el simple hecho de interpone una demanda, que nunca debió haber aparecido en el marco del nuestro sistema jurisdiccional. No se debía haber revisado esa ley, sino derogado, en atención a la unánime petición de los sectores afectados.

 

No obstante, recientemente se ha publicado Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, en el que se lleva a cabo en el artículo 11, una modificación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regularon determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, con el fin de adecuar el régimen de las tasas judiciales a la concreta situación de los sujetos obligados al pago de la misma.[1]

 

La reforma es muy limitada y no definitiva, pues no se acaban de una vez las tasas judiciales, en los importes indicados en la Ley 10/2012,[2] que tanta acertada crítica obtuvieron, no sólo precisamente por la cantidad que debía desembolsar tanto una persona física como jurídica, sino por la forma en que se establecieron y exigieron.[3] Se debió haber aprovechado esta reforma para derogar, de una vez por todas, la Ley imposición de las tasas llevada a cabo por la Ley 10/2012.

 

La aprobación de la denominada Ley de Tasas fue un grave error, tanto político, procesal y social. Afectó duramente al ciudadano, a los despachos de abogados y procuradores,[4] sin que se les hubiese escuchado debidamente, los profesionales del Derecho, pues todos se opusieron a esta caprichosa implantación que lo único que consiguió fue extender una evidente disuasión en el ejercicio de acciones jurisdiccionales.

 

Las medidas adoptadas, en este caso, una imposición legislativa, en cuanto se acredita por la vida práctica procesal que es un error, un grave error, deben corregirse en cuanto los frutos o efectos producidos son contraproducentes, pues nunca deben perpetuarse con pseudo reformas que  mantienen vivo el virus contaminante del error inicial. Esto es lo que ha ocurrido desde la aprobación de la Ley 10/2012 y la reforma ahora introducida por el RDL 1/2015, que si bien dulcifica un poco la sinrazón de la Ley 10/2012, todavía las mantiene y permite que perduren en el amplio campo de la actividad jurisdiccional.

 

Se decía en la Exposición de Motivos de la Ley 10/2012 que el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia.

 

Es claro que el ciudadano está acostumbrado a pagar distintas figuras tributarias, pero la imposición de una tan impopular e injustificada como la tasa judicial, no tiene parangón con ninguna otra. El recurso económico a la tasa en el ámbito de la Administración de Justicia se fundamentó en un concepto estrictamente procedente Derecho Tributario, como es la tasa,[5] en el que su hecho imponible está constituido, entre otros supuestos, por la prestación de servicios en régimen de Derecho público que afecten o beneficien al obligado tributario. Asimismo, la determinación de la carga tributaria no se hace a partir de la capacidad económica del contribuyente, sino del coste del servicio prestado que nunca puede superarse.

 

Se intentó razonar y justificar la imposición de la tasa judicial, aludiendo a que se trataba no es sólo, una cuestión meramente tributaria, sino también procesal. No se explicó nunca en que medida el Derecho Procesal demandaba necesariamente la exigencia de una tasa en los órganos jurisdiccionales. El hecho en sí mismo considerado que el Ministerio de Justicia acudiese a una figura tributaria, como es la tasa, demostró, bien a las claras, su única y exclusiva finalidad recaudadora, por cualquier medio, aun cuando ello pudiese afectar al derecho a la tutela judicial efectiva, protegida por el artículo 243 de la Constitución. Buena prueba de ello es la considerable disminución de recursos, demandas y, en definitiva, de ejercicio de acciones jurisdiccionales en todos los órganos judiciales. Este fue el efecto inmediato que provocó la imposición y exigencia de la tasa judicial, a lo que siguió una situación caótica, de desorden absoluto, al desconocer por el Ministerio de Justica las cantidades que realmente se recaudaban. A pesar de esta manifestación tan grave de ignorancia, sí que deberían haber sabido que la presentación de acciones jurisdiccionales había disminuido considerablemente, con el consiguiente efecto pernicioso para el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.[6]

 

No es suficiente con el establecimiento de la justicia gratuita, para amparar a los más débiles en el aspecto económico, sino que la exigencia fiscal como requisito previo e ineludible para el acceso a la justicia, quedó completamente mermada. Ello se demuestra también por las continúas críticas y rechazo de todas las asociaciones judiciales, Colegios de Abogados y de Procuradores, así como organizaciones sindicales. Todos mostraron su disconformidad no sólo con el establecimiento de la tasa, sino por el importe de la misma.

 

Como se ha indicado anteriormente, la reforma del Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, aparentemente puede ser importante pero insuficiente. Esta nueva regulación comienza con la determinación del ámbito de aplicación de la tasa, así como de la consecución de determinados objetivos, declarando que la tasa judicial tiene carácter estatal.[7] El hecho imponible aparece delimitado por el simple ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los actos procesales que se mencionan taxativamente en el artículo 2 del RDL 1/2015.[8]

 

A continuación se delimita el concepto de sujeto pasivo de la tasa, diciendo que es quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma.[9]

 

Hasta ahora pocas novedades se han producido, y las más destacables las encontramos en la regulación de las exenciones objetivas y subjetivas.

 

Es cierto que las exenciones objetivas y subjetivas afectan a la Ley 10/2012, pero de forma muy limitada. En las exenciones objetivas,[10] se modifica el articulo 4, que afecta a los siguientes actos procesales:

 

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades publicas, así́ como contra la actuación de la Administración electoral.

b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

c) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de titulo ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el articulo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

e) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo

f) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.

g) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.

Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos del pago de la tasa judicial:

a) Las personas físicas.

b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

c) El Ministerio Fiscal.

d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Además, se suprime el apartado 3 del articulo 7, pues a partir de ahora se deberá́ satisfacerse, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el articulo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, según la escala correspondiente.

Esta es, a grandes rasgos, la reforma introducida, que mientras perdure la determinación del hecho imponible por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, como es la interposición de una demanda,[11] así como la determinación del sujeto pasivo de la tasa judicial,[12] que se identifica con quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional, poco se habrá avanzado, pues, como se ha indicado anteriormente, la reforma ha sido mínima, pues el contenido y finalidad de la Ley 10/2012 perdura con el mismo vigor disuasivo para que el ciudadano pueda acercarse a los órganos jurisdiccionales, en demanda de justicia para la controversia que afecte a sus derechos e intereses legítimos.

 


[1] Desde que saltó a la prensa la noticia de esa posible reforma de la Ley 10/2012, fueron muchos los profesionales que pensaron que había llegado, por fin, la derogación de las tasas judiciales. Pero no. No ha sido así, pues la reforma es sólo cosmética y de aparente actividad política y propagandística, pues se vuelve a hacer oídos sordos a las demandas  de supresión total de las tasas judiciales, para incidir en algunos aspectos de las mismas, lo que supone el expreso reconocimiento de que el ejercicio de una acción jurisdiccional, sigue siendo el hecho imponible de la tasa judicial. Si nos fijamos en el título del RDL 1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social,claramente se llega a la conclusión de que nada tiene ver con las tasas judiciales, ni con el Derecho Procesal. Se ha aprovechado un texto legal que tenía otra finalidad, para introducir una modificación de la Ley 10/2012, que debería haberse abordado con decisión y valentía

[2] En el Tribunal Constitucional están pendientes de resolución varios recursos y cuestiones de inconstitucionalidad.

[3] La Base imponible en el proceso contencioso-administrativo, alcanza los importes siguientes: por un procedimiento abreviado 200 euros, por un ordinario 350 euros, apelación ante el Tribunal Superior de Justicia 800 euros y casación ante el Tribunal Supremo 1200 euros.

[4] No hay más que preguntar a los Secretarios Judiciales para darse una idea de la situación creada con la implantación de las tasas, que nadie esperaba, que nadie solicitó, salvo el capricho del equipo ministerial de aquel entonces, que es mejor olvidar.

[5] Artículo 2.2 a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: Las Tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho Público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

[6] Se ha calculado que el efecto disuasorio de las tasas asciende a un 30 %, lo que unido a la posible imposición de costas procesales, por el criterio del vencimiento, produce esa peligrosa disuasión del justiciable, no sólo de los órganos jurisdiccionales, sino de los despachos de los profesionales. Tanto es así, que en ocasiones es más caro el recurso en sí mismo considerado (pago de honorarios profesionales, tasas judiciales y posibles costas) que el beneficio que se espera obtener, cuando se trata del ejercicio de una acción jurisdiccional de naturaleza económica. Además, el importe recaudado no se ha financiado la justicia gratuita, como se prometió, tal como se acredita por las continuas quejas de los profesionales del turno de oficio.

[7] Artículo 1

[8] Son los siguientes: a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo. b) La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales. c) La interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. d) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil. e) La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo. f) La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social. g) La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

[9] Artículo 3 RDL 1/2015

[10] Artículo 8.1

[11] Artículo 2 y 5 de la Ley 10/2012, que no han sido modificado.

[12] Artículo 3 de la Ley 10/2012, que tampoco ha sido modificado.