La fiscalidad medio ambiental (Segunda Parte)

¿Es posible que una imposición fiscal sobre el agua pueda reconducir el consumo excesivo por habitante, o bien, disminuir la contaminación que se lleva a cabo por medio de vertidos contaminantes? Estos son dos de los objetivos principales que toda fiscalidad medio ambiental debe tratar de conseguir, especialmente en lo que se refiere al agua, pues ésta no se produce artificialmente por el hombre, por lo que es escasa y necesaria, tal como se ha indicado anteriormente, y al mismo tiempo, si no se logra disminuir la contaminación en origen, en los vertidos tanto en ríos, lagos, alcantarillado, costa, etc. la calidad de las aguas influirá negativamente en el desarrollo de la vida, perjudicando el uso doméstico, el agrícola y el industrial que se pueda llevar a cabo por medio del agua.

Hoy en día no es necesario justificar esta nueva imposición, pues nadie duda del destino específico que puede tener el tributo medio ambiental. A ello se une uno de los postulados básicos del denominado Estado del Bienestar que pretende la consecución de un nivel de calidad de vida, lo que, tal como se ha indicado anteriormente, suele redundar siempre en perjuicio de cualquiera de los elementos que integran la naturaleza, pues el siempre difícil equilibrio entre crecimiento industrial y respeto debido al medio ambiente, se salda en perjuicio de este último.

Pero así como el medio ambiente es un derecho colectivo y general de la propia comunidad, los ingresos obtenidos por medio de la fiscalidad medio ambiental deberían repercutir directamente en beneficio de la misma comunidad, tal como ya ha ocurrido en otros países mas adelantados que el nuestro, al demostrar mayor sensibilidad que nosotros en el estudio y valoración de los factores que influyen en la defensa de la naturaleza. La creación de un sistema fiscal medio ambiental supondrá el aumento de la presión fiscal, pero al mismo tiempo se debería, en compensación, disminuir los tipos de gravamen en los impuestos directos[1].

En la actualidad proliferan figuras tributarias de dudosa naturaleza ecológica, que provocan confusión en el sujeto pasivo y no alcanzan el fin propuesto por el Legislador. Existen demasiados cánones, tasas y también contribuciones especiales que con la excusa de defender la naturaleza, producen una disfunción en el sistema tributario y ninguno de los objetivos propuestos en materia medio ambiental.

La mejor figura tributaria que permite una adaptación mas adecuada en la fiscalidad medio ambiental, es el impuesto y ello es así, por cuanto en el impuesto las garantías para el sujeto pasivo son máximas, ya que necesariamente se tiene que respetar el principio de legalidad en el sentido de que por Ley deberán regularse todos los elementos que configuran la obligación tributaria.[2]

Afirmar que el impuesto es  la mejor figura tributaria que se adapta a la configuración especial del medio ambiente, requiere algunas precisiones conceptuales, que precisamente son las que diferencian los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. En nuestro sistema jurídico se ha abusado en la utilización de estos dos últimos tributos a efectos de pretender configurar un sistema fiscal medio ambiental, que no ha producido los resultados positivos que se esperaban, debido entre otras razones, a la distinta naturaleza jurídico tributaria que ha caracterizado tanto a los cánones, las tasas y las contribuciones especiales. Cuando abonamos el importe de una tasa, estamos pagando una parte proporcional del coste de la actividad administrativa que recibimos y que se supone que nos beneficia. Cuando pagamos una contribución especial, estamos pagando el beneficio especial que supone el aumento de valor de algunos de nuestros bienes inmuebles, como consecuencia de la construcción de una obra pública. Pero cuando pagamos un impuesto, no recibimos nada a cambio, al menos de forma directa e inmediata.

Esta es una diferencia esencial que también puede condicionar el éxito de una reforma tributaria en la cual se configure un impuesto medio ambiental. Se pagará el impuesto medio ambiental, pero el sujeto pasivo no obtendrá nada a cambio, pues no existe contraprestación alguna, tal como ocurre con las demás figuras tributarias.

Bien entendido que la exigencia de un impuesto, como una única figura tributaria en la fiscalidad medio ambiental, no puede suponer ni equipararse a una sanción para el sujeto pasivo que está obligado, por realizar el presupuesto de hecho que configura el hecho imponible correspondiente, a abonar la deuda tributaria. Cierto es que, por la propia finalidad de dicho impuesto, el sujeto pasivo tendrá que sentir la presión fiscal que recaiga en una determinada actividad que pueda afectar en su resultado al medio ambiente. Esto debe ser así, pues en caso contrario, no puede existir disuasión alguna en la imposición de una determinada actividad que se pueda considerar peligrosa, tanto real como en potencia, para la naturaleza. El aumento de la presión fiscal medio ambiental, si se respetan los principios y la finalidad propia de todo tributo medio ambiental, debe ser siempre beneficiosa en la protección del medio ambiente.

Pero no solo debe gravarse cualquier actividad, se entiende de naturaleza económico empresarial, que pueda afectar al medio ambiente, sino de forma mas concreta y determinada, el simple uso del agua.[3] Si el usuario siente la presión fiscal que supone el tener que abonar un incremento considerable en el precio del agua, es lógico pensar que administrará mejor el uso y destino del agua. Ahora bien, con el fin de impedir un aumento desproporcionado del coste de la vista que ello podría provocar, es necesario que se adopten medidas compensatorias, en los términos anteriormente indicados, a fin de que la presión fiscal de una determinada figura tributaria, tal como es el caso en el impuesto sobre el agua, disminuya en otros tributos.

El problema, todavía no bien resuelto en términos legislativos, que aparece cuando se pretende configurar el impuesto como una única figura tributaria en materia medio ambiental, es el destino que debe darse a los ingresos que se obtengan por  la Administración Pública competente. Ya se ha indicado con anterioridad como el destino de los tributos, en general, es siempre el sostenimiento de las cargas públicas, esto es, la consecución de fines generales. Aun cuando dentro de dichos fines generales, se encuentra la política económico y social que es donde podría encuadrarse la política general de protección del medio ambiente, es obvio, que esto no es suficiente.

El impuesto en materia medio ambiental se califica de ecológico,[4] con lo cual, se está adoptando un determinado compromiso por parte del Legislador, pues esa finalidad claramente está definiendo no solo la naturaleza jurídico del impuesto, sino lo que es más importante, su finalidad o destino.[5]

(Continuará)

 


[1] Esto es lo que ocurrió en la reforma fiscal llevada a cabo en Suecia en el año 1.991, y lo mismo se puede decir de Dinamarca, pues en la imposición medio ambiental de 1.993 elevó los tipos impositivos que repercutían sobre el anhídrido carbónico, también se incrementó la recaudación en los denominados impuestos verdes, pero en compensación se rebajaron los tipos impositivos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

[2] Artículo 10 de la Ley General Tributaria.

[3] Efectivamente, el precio del agua para uso doméstico en la actualidad es verdaderamente ridículo. La Unión Europea ha aconsejado incluso duplicar el precio del agua especialmente en países que tienen una gran carestía en este elemento natural, así como facilitar la utilización de tecnología limpia, proceder a reformas agrarias que permitan la utilización del agua con destino al riego, de una forma mas racional por medio de la construcción de canales que impidan la pérdida del agua o la evaporación de la misma.

[4] La Ley 6/1999, de 12 de julio, de Ordenación, Gestión y Tributación del Agua, del Parlamento de Cataluña, ha creado en su artículo 37.1 el canon del agua, respetando la denominación tradicional en esta matera, pero con naturaleza jurídica de impuesto y finalidad ecológica.

[5] Sin embargo, FALCON Y TELLA en “Las medidas tributarias medio ambientales” dice lo siguiente: “Tampoco constituyen una medida tributaria medioambiental, en sentido estricto, aquellos tributos cuya recaudación se afecta a una finalidad ecológica, por el mero hecho de dicha afectación. De nuevo aquí el fin medioambiental no sería predicable del tributo en sí mismo considerado, sino del gasto a cuya financiación atiende.”

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